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La hipocresía de las grandes potencias

Una nube de testosterona en forma de hongo se ha abatido sobre las redes sociales; aspirantes a Dr. Strangelove reclaman incluso una acción militar contra Rusia, es decir, dar el “primer paso hacia el exterminio nuclear de la especie humana”. El enfoque de los gobiernos occidentales, por suerte, ha sido bastante más comedido, aunque no exactamente por amor a la paz: el Partido Conservador británico, financiado por la City londinense, quiere que el dinero ruso siga fluyendo a las entidades financieras, y el gobierno alemán no quiere que le cierren la espita de gas.

Pero bravuconadas e intereses particulares aparte, la invasión rusa obliga a la política exterior occidental a mirarse en el espejo, por mucho que eso nos haga estremecer. “La primera víctima cuando estalla la guerra es la verdad”, dicen que dijo el senador estadounidense Hiram Warren Johnson en 1918; en la crisis ucraniana, la primera víctima ha sido la ironía. “ Uno no invade sin más otro país aduciendo un falso pretexto para defender sus propios intereses”, ha declarado John Kerry, secretario de Estado de un país que, como es notorio, hizo precisamente eso hace casi exactamente 11 años. “ El mundo no puede dar el visto bueno a semejante violación de la soberanía de otra nación”, proclama solemnemente el ministro de Asuntos Exteriores británico, William Hague, quien votó a favor del apoyo a la guerra de Iraq en la Cámara de los Comunes en 2003.

Reflexionemos un poco sobre cómo tanto el gobierno ruso como los ciudadanos rusos justifican la agresión en Ucrania. Un gobierno elegido democráticamente ha sido derribado violentamente. En las filas de la insurrección victoriosa destacan extremistas de derecha que han pasado a ocupar cargos gubernamentales clave. Ha habido un intento de eliminar el ruso como lengua oficial, propuestas de prohibir los partidos políticos y la imposición de oligarcas no elegidos en regiones ucranianas, lo que supone una amenaza creciente para la minoría rusa, muchos de cuyos componentes tienen pasaporte ruso. La idea de seguridad de Rusia está influida por el hecho de que ha sido atacada repetidamente desde occidente con consecuencias catastróficas, y el acuerdo con Ucrania le permite estacionar miles de soldados en Crimea.

Estas justificaciones son muy discutibles, por supuesto. Un mandato democrático no da carta blanca al gobierno para que actúe como le dé la gana. Lo que hubo en Ucrania no fue un golpe, sino un verdadero levantamiento popular en las regiones occidentales y centrales del país, e incluso en el este y el sur. Es cierto que el Sector Derecha con sus subfusiles AK-47 desempeñó un papel decisivo en el éxito de la revuelta y se ganó así el respeto de grupos más moderados: existe una siniestra tradición de conservadores y liberales que han ayudado a los fascistas a hacerse con el poder. El nuevo gobierno ucraniano tiene siete ministros de extrema derecha, entre ellos el viceprimer ministro Oleksandr Sych, del partido neofascista Svoboda, que a juicio del Congreso Mundial Judío la UE debería prohibir. Pero no son dueños de toda la revuelta y la intervención rusa no hará más que reforzarles.

No ha habido ataques sistemáticos contra los rusoparlantes; el intento de eliminar el ruso como lengua oficial ha fracasado hasta ahora; y tampoco es cierto que todos los rusoparlantes deseen la unificación con Moscú. Las pasadas invasiones bárbaras en Rusia no justifican sacrificar el derecho de los países vecinos a la autodeterminación. Ahora bien, la retórica de la intervención rusa es fiel reflejo de la de nuestros líderes occidentales cuando envían a “nuestros chicos” a la guerra: defender la democracia, parar los pies a los fascistas de hoy, proteger los derechos de las minorías, apoyar la autodeterminación. Es fácil cuestionar los motivos de las potencias extranjeras y desechar sus justificaciones: eso se sobreentiende. Pero si uno hace lo mismo con sus propios gobernantes, le tratan de propagador de teorías de la conspiración o le acusan de hacer el juego al enemigo.

Los abogados de la política exterior occidental acusan a quienes llaman la atención en estas ocasiones sobre nuestro propio historial de ser adictos a la frase “¿y qué me dices de…?” o de pretender desviar el debate. Cuando una potencia extranjera hace algo malo, dicen que los contrarios a la guerra siempre preguntan “¿y qué me dices de Occidente?”, supuestamente para indicar que nuestras faltas hacen buenas las suyas. Esto no es ni mucho menos lo que se pretende con este argumento. Rusia está gobernada por un régimen autoritario que ataca las libertades civiles y discrimina a las personas LGBT. Sus propósitos en Ucrania no son nobles. “Lo que ocurre en Crimea estos días es un clásico acto de intervención imperialista”, como apunta el grupo radical ruso Izquierda Abierta. Las grandes potencias siempre han aprovechado o promovido agravios genuinos para justificar su política interesada: incluso Mussolini justificó su invasión en Abisinia diciendo que era para salvar el país de la tiranía de la esclavitud.

Pero esto debería obligarnos a considerar cómo nos ve el resto del mundo. El Reino Unido apoyó al gobierno de EE UU en la invasión de Iraq con un falso pretexto, devastando el país y matando de paso a cientos de miles de personas. Israel puede violar sistemáticamente las resoluciones de las Naciones Unidas, construyendo asentamientos ilegales y anexionando tierras palestinas. Nuestra gran aliada, la dictadura de Arabia Saudí que decapita a supuestas brujas y amputa las manos de los ladrones, invadió Bahréin (a instancias del régimen dictatorial de este país, desde luego) para ayudar a sofocar una movilización por la democracia y los derechos humanos. EE UU lanza ataques con drones en países soberanos como Pakistán, desafiando abiertamente al parlamento nacional y matando a innumerables civiles.

Si Rusia, o cualquier otro país considerado adversario, actuara de esta manera, los llamamientos a la acción serían ensordecedores. Cuando un país extranjero comete una agresión, en Occidente surge como un reflejo la idea de que “tenemos que hacer algo”; lo mismo ocurre en otros países cuando somos nosotros los que cometemos actos similares. Sin embargo, el término “Estado granuja” no se aplica a los países que violan el Derecho internacional, sino de aquellos que no se doblegan a la voluntad de Occidente.

Esto no quiere decir que esos ataques al orden internacional hayan provocado la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin duda se habría producido igual. No obstante, todo eso son síntomas del mismo fenómeno: las grandes potencias utilizan el Derecho internacional como instrumento para atacar a los oponentes, pero lo dejan de lado cuando no les conviene. Los líderes occidentales tampoco pueden afirmar sin torcer la cara que los gobiernos elegidos han de ser derribados en las urnas y no con métodos violentos. Han sido cómplices del golpe militar que ha derribado en Egipto al candidato electo de los Hermanos Musulmanes, el presidente Morsi, y del establecimiento de una junta que ha encarcelado y asesinado a oponentes. Han aprobado el derrocamiento del presidente ucraniano Yanukóvich. Ambos gobiernos violaron los derechos humanos, pero la posición oficial de Occidente consiste claramente en apoyar el derrocamiento violento de gobierno electos en determinadas circunstancias.

Los defensores de la política exterior occidental acosan a los activistas antiguerra: sois los primeros en salir a la calle cuando Occidente lanza bombas, ¿dónde están ahora vuestras pancartas en Trafalgar Square reclamando “Rusia fuera de Ucrania”? Es una crítica extraña, pues las protestas suelen producirse para presionar al propio gobierno, bien para que detenga una intervención en el exterior, bien para que actúe. Protestar en defensa de una política del gobierno parecería extraño y podría utilizarse para promover la escalada en vez de la paz. Como dice Ilya Budraitskis, un anticapitalista ruso que participó en la manifestación del pasado domingo contra la guerra en Moscú, que fue reprimida: “Creo que los activistas antiguerra de cada país deberían criticar en primer lugar a su propio gobierno”.

Esto no es desentenderse de la solidaridad. La democracia, los derechos humanos y la paz son causas universales, globales. Están siendo amenazadas continuamente por las grandes potencias, y por eso todos nosotros, tanto en Moscú como en Londres, Pekín o Washington, tenemos que luchar por un nuevo orden mundial que impida que las grandes potencias vayan pisoteando a los demás. Una vieja causa, sí, pero el futuro de todos nosotros depende de ella.

Rebelión

Nacionalistas ucranianos fuerzan al director del principal canal de televisión a renunciar.



El director de la Compañía de Televisión Nacional de Ucrania (NTU) fue atacado por miembros del partido nacionalista Svobóda que le forzaron a escribir una carta de renuncia acusándole de que su canal emite contenido antiucraniano.
Todo sobre este tema

La oficina del director general en funciones de la NTU, Alexánder Panteleimónov, fue asaltada este martes por personas que se identificaron como miembros de la Comisión de la Libertad de Expresión y la Información. Lo que comenzó como una conversación en voz alta se convirtió rápidamente en una pelea. Un video del incidente fue publicado en Internet.

La NTU es la compañía estatal que opera la cadena pública más grande del país, Pérshyi Natsionálnyi. Los integrantes del partido Svobóda (Libertad) gritaron al periodista y le golpearon en la cara, acusando al canal de falta de nacionalismo y exigiendo su renuncia.

"¡Siéntate! ¡Escribe tu renuncia! ¡Hiciste campaña a favor de Moscú y mentiste a los ucranianos con nuestro dinero!", gritó uno de los atacantes, golpeando y empujando a Panteleimónov.

El portavoz del partido Svobóda, Alexánder Aronets, escribió en su página de Facebook: "Obligamos al director de Pérshyi Natsionálnyi Panteleimónov a escribir una carta de renuncia" y como prueba, adjuntó una foto del documento.

Panteleimónov "estaba personalmente detrás del lavado de cerebro de los ucranianos", afirmó Aronets.

El partido Svobóda es un partido nacionalista ucraniano de extrema derecha, que se ha convertido actualmente en una de las fuerzas políticas más influyentes del país.

Correa: EEUU carece de voluntad para extraditar exbanqueros


El presidente Rafael Correa reiteró hoy que el principal obstáculo para lograr la extradición de dos banqueros prófugos de la justicia ecuatoriana es la falta de voluntad política del gobierno de Estados Unidos. Si hubiera voluntad política los hubiesen extraditado hace rato. No es cuestión ya de formalismos legales, pues la sentencia está hace rato, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa este martes en la suroccidental provincia de Guayas.

De acuerdo con Correa, con todo lo que está surgiendo en la prensa estadounidense sobre las relaciones de los hermanos Roberto y William Isaías con legisladores y políticos estadounidenses, no se espera que la justicia del país norteño atienda en un corto plazo el pedido de Ecuador.

Los banqueros fueron juzgados y condenados en 1999 por el desfalco de un banco de su propiedad durante la crisis bancaria que sacudió a Ecuador en 1998.

Se estima que los dos propietarios del Filanbanco huyeron con más de 600 millones de dólares de sus clientes hacia Estados Unidos, donde en las últimas semanas afloraron denuncias de sus aportes financieros a las campañas de políticos estadounidenses, con el fin de garantizar su permanencia en ese país.

Los informes precisan que la Oficina Federal de Investigación (FBI) escudriña situaciones que involucran al senador republicano Marco Rubio, al demócrata Robert Menéndez y a la legisladora Ileana Ros-Lehtinen, entre otros.

Según el canal 4 de la cadena NBC, el FBI sospecha que Menéndez ayudó a los hermanos ecuatorianos a establecerse en Estados Unidos a cambio de donaciones a su campaña de reelección.
La semana pasada, el diario The New York Times publicó que los Isaías contribuyeron incluso con la campaña que llevó al poder a Barack Obama en 2008.

Correa también recordó que los Isaías controlaban cuatro de las cinco estaciones de la cadena CNN Latino, y contrataron una agencia de relaciones públicas para atacar al gobierno ecuatoriano.

El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, viajó este martes a Estados Unidos, y según anunció en su cuenta de Twitter, tiene pensado gestionar ante la justicia norteamericana la extradición de los banqueros prófugos, y cuya sentencia a ocho años de cárcel fue ratificada el jueves pasado por la Corte Suprema de Justicia.

Contraingerencia

Lo que no cuentan los mass media sobre el estallido social en Turquía



De esta manera, los ‘mass media’ centran toda la atención en la disyuntiva islamismo-laicismo y autoritarismo-democracia, llevando a cabo un análisis simplista y parcial de la realidad que vive estos días el país euroasiático.
Y es que para poder analizar con mayor profundidad la reciente revuelta popular en las calles de ciudades como Estambul o Ankara, habría que adoptar algo más de perspectiva y poner la lupa en las políticas socioeconómicas que el Ejecutivo viene desarrollando durante estos últimos años.
El Gobierno de Erdogan, integrado por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), irrumpe en el poder en el año 2002 en un contexto de crisis económica (crisis financiera de 2001) donde acuerda un programa de medidas de claro corte neoliberal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pasan por la privatización del sector público, reformas laborales y drásticos recortes sociales.
Un año después de llegar al Gobierno, en 2003, se abre el camino a la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones Turk Telekom [1]. Al año siguiente, en 2004, se ponen a la venta compañías de licor, fábricas de acero y Aerolíneas Turcas [2].
Desde entonces, se inicia un proceso que no tiene marcha atrás: En 2007, se da luz verde a la privatización de la compañía pública de tabacos de Turquía, Tekel [3]. En 2008, es el turno de la red eléctrica, con la venta de dos compañías de distribución en Ankara y Sakarya-Kocaeli [4]. Además, ese mismo año se anuncia la venta del banco de propiedad estatal Halkbank y la privatización del 15 por ciento de las acciones de Turk Telekom.
En 2009, el Gobierno aprueba una legislación para otorgar el agua de los ríos, los lagos y los estanques a las corporaciones privadas. Esto significa que los recursos hídricos pueden transferirse a corporaciones, que hasta el momento sólo controlaban los servicios de distribución [5].
Debido a esto, la Confederación de los sindicatos campesinos turcos, Çiftçi-Sen, junto con más de 100 otras fuerzas de oposición social que defienden el reconocimiento del derecho al agua, forman una plataforma llamada “No a la comercialización del agua” y se manifiestan masivamente el 15 de marzo de 2009 en Estambul, en el marco del Foro Mundial del Agua [6].
En 2011, el Gobierno de Erdogan inicia las negociaciones para la privatización [7] de 2.000 kilómetros de autopistas y puentes del país. De esta manera el Ejecutivo turco pretende ceder al capital privado hasta nueve carreteras de peaje y dos puentes sobre el Bósforo, vías de comunicación muy importantes en el área de Estambul.
A través de la llamada “Administración de Privatizaciones” (OIB por sus siglas en turco), Erdogan busca tirar adelante un paquete de privatizaciones en el país que incluye el textil, la minería, el petróleo, la alimentación o el transporte marítimo, entre otros [8].
En febrero de ese mismo año, 10.000 personas se manifiestan en el centro de Ankara en rechazo a la reforma laboral del Gobierno, que entre las medidas, destacan la reducción del salario mínimo para los jóvenes, la posibilidad de traslado de los funcionarios y permite la contratación de empleados sin seguro social [9].
Muchos de los allí presentes corean gritos de “Esto es Ankara, no el Cairo”, “Tayyip ha llegado tu turno” y “Tayyip, te deseamos un final feliz como a Mubarak”.
Las directrices neoliberales aplicadas durante estos últimos años han generado un aumento de la desigualdad social en el país. Según la revista Forbes, en Estambul, capital financiera de Turquía, había un total de 35 multimillonarios en marzo de 2008 (en comparación con 25 en 2007), situándose en el puesto 4º en el mundo. Un informe para empresarios interesados en invertir en Turquía elaborado por el banco español Banesto asegura que “el país está marcado por la existencia de fuertes desigualdades de rentas” [10]. Muchos empleados en Turquía no cobran más del salario mínimo de unos 570 dólares y el ingreso per cápita es casi la mitad que los ingresos medios europeos.
Quizás este conjunto de factores ayude a explicar el malestar social que ha dado origen a los disturbios que hoy vive Turquía, más allá del enfoque liberal que se pretende dar desde la prensa de Occidente.

Referencias:

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