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Marca España: Precariedad para más de 20,6 millones de personas

Según un estudio realizado por los técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), el 43,74% de la población censada en España, esto es, más de 20,6 millones de personas se encuentra en situación de precariedad, o lo que es lo mismo, los ingresos del conjunto familiar no superan los 12.000 euros brutos anuales.

El número de hogares sin ningún tipo de ingreso roza ya los 3 millones en todo el Estado español.
Para los autores, las causas son claras: el aumento del paro, la rebaja de los salarios y los ajustes realizados por los últimos gobiernos de PSOE y PP.

Por Comunidades Autónomas, las que registran más precariedad son Extremadura, que alcanza la terrible cifra de un 53% de la población en situación de precariedad; y Andalucía, con un 51%.
Por contra, las que registran menor precariedad son Euskadi y Navarra, con un 24,11% y un 22,20% respectivamente.

El informe, elaborado por el colectivo de técnicos del ministerio de Hacienda, se presentó en su XII Congreso Anual bajo el nombre de "Adiós a las clases medias".

A finales del 2007, la población en situación de precariedad alcanzaba el 40% de la población, en total 2 millones menos que en la actualidad.

Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados no ha dejado de caer, mientras que por el contrario, las rentas altas han visto incrementados sus rendimientos financieros gracias a la laxitud del fisco para productos e instrumentos de inversión como las SICAV, o las sociedades patrimoniales.

Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, esta desigualdad entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos, especialmente en el IVA e IRPF. A esto se suman los recortes aprobados por el Gobierno, que han impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, lo que engloba el 85% de los trabajadores. Para Carlos Cruzado, presidente de Gestha, "las políticas fiscales con que los últimos gobiernos han afrontado la crisis han sido injustas además de ineficaces" .

En este sentido, y en referencia a la amnistía fiscal con que el Gobierno del Partido Popular premia a los defraudadores, Carlos Cruzado añadió, "que va contra el principio de igualdad constitucional y representa un agravio comparativo con quienes sí han cumplido sus obligaciones fiscales".

Esta situación se podría contrarrestar, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión fiscal.

Una de las medidas consistiría en excluir las ganancias patrimoniales especulativas, principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios, del concepto de rentas del ahorro; lo que permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.

Otra interesante propuesta de Gestha es la creación de un impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal, evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota. "Este impuesto de la Riqueza tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de clases trabajadoras", explicó Carlos Cruzado, presidente de Gestha.

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